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Los magistrados recuerdan que la indemnización no fue solicitada por el beneficiario en su demanda inicial, y que este concepto no podía concederse de oficio por el juez. Los magistrados plantean que la controversia consistía en determinar “si el juzgado de lo social incurrió en incongruencia por exceso”, es decir, si el juez unipersonal estaba facultado para reconocer una compensación por los daños morales causados cuando, en realidad, el litigante “no había reclamado ninguna indemnización”, relatan. Un juez no puede conceder lo que el ciudadano no solicitó en su escrito inicial de demanda, recuerda la Sala

El TC ha validado el incremento del impuesto catalán a las instalaciones energéticas, conocido como la ecotasa, aprobado por el Govern en 2022. Endesa recurrió esta actuación ante el TSJ de Cataluña, que en fecha de julio de 2024 elevó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC para dirimir la legalidad de la medida. Se cuestionaba el empleo de un decreto-ley, mecanismo reservado para actuaciones extraordinarias y urgente. El Constitucional considera que el gobierno catalán obró adecuadamente al elegir esta vía legal: "De las diversas fuentes citadas, se extrae la conclusión de que la aprobación de la norma se justifica en la necesidad de responder de forma rápida a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania, con medidas que aceleren la transición y la autonomía energética".

Catalunya ha empezado ya a tramitar sanciones por incumplimientos en el tope a los alquileres que rige en prácticamente todo el territorio. La consellera de Territori y Habitatge ha avanzado este miércoles en el Parlament que su departamento tramita en la actualidad 30 expedientes por incumplimientos de la ley que limita las rentas desde el año pasado, la mayoría, en el área metropolitana de Barcelona. El sector inmobiliario y los propietarios han recibido la noticia de los primeros expedientes con sorpresa. Consideran el dato de 30 incoaciones “irrelevante” si se tiene en cuenta todo el parque de alquiler, lo que indica, a su juicio, que se está cumpliendo el tope de rentas de forma mayoritaria.

Hacienda da por notificada una comunicación electrónica en el momento en el que el contribuyente accede a ella, aunque no tenga la obligación de relacionarse con el fisco por esta vía e independientemente de que después la reciba por vía postal. Así lo establece la Dirección General de Tributos en tres consultas. Indica que solo las empresas o determinadas personas que determine Hacienda por su capacidad económica o dedicación profesional están obligadas a relacionarse vía online con la Administración. Sin embargo, los particulares no, por tanto, pueden decidir comunicar en cualquier momento a la Administración que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica. Además, si el procedimiento lo inicia el propio contribuyente, puede comunicar el medio por el que quiera que se le practiquen las notificaciones. Por tanto, concluye que la notificación electrónica se entiende practicada en el momento en que se accede a su contenido de manera voluntaria.

La AN se aleja del resto de interpretaciones de los juzgados inferiores sobre el permiso paternal de ocho semanas y declara que ni las empresas ni la Seguridad Social tienen que remunerar este período destinado al cuidado de los hijos menores de ocho años. La Sala de lo Social del Juzgado Central, en una sentencia del pasado 30 de septiembre, concluye que la Directiva europea de conciliación "no impone que el permiso parental sea en todo supuesto inequívocamente retribuido". "No tiene cobertura económica ni mediante retribución ni mediante una prestación económica", zanja.

Hacienda acelera las resoluciones de las solicitudes de rectificación del IP, recurrido en el TC desde 2021, en busca de que los contribuyentes vean cerrados sus expedientes cuanto antes y evitar así devoluciones ante un fallo de la Corte de Garantías que anule el tributo. Des de CIM Tax & Legal, explican que la AEAT, en los últimos meses, está resolviendo las impugnaciones "a una velocidad insólita". En algunos casos, la respuesta ha llegado en tan solo quince días. Una vez que el contribuyente ha recurrido el IP ante Hacienda y obtiene respuesta negativa, el siguiente paso es acudir a los TEAR. En esta instancia, los expertos señalan que también se está respondiendo a mucha velocidad. Si lo normal es obtener respuesta entre un año y medio y tres años, lo están haciendo en seis meses

Junts anunció ayer que registrará dicha proposición de ley. La propuesta del IRPF plantea reducir los cuatro primeros tramos para rentas inferiores a los 35.000€ y aumentar el importe mínimo exento hasta los 5.907€ anuales (357,42 € más que ahora). También prevé bonificar al 99% el impuesto de sucesiones de los grupos I y II —donde se engloba a padres, hijos, cónyuges y otros descendientes como nietos y bisnietos. Entre parientes del grupo III —relaciones con menor consanguinidad como primos, tíos o cuñados—, se plantea una bonificación del 50%.

La normativa limita a 33 días por año trabajado la compensación al trabajador cesado, una restricción con la que quiere acabar el Ministerio de Trabajo, que busca que los jueces puedan instar a las empresas a compensar al despedido por daños adicionales. No obstante, los incrementos por decisión judicial se están dando en la práctica. Entre los meses de enero y junio de este año, se han resuelto por sentencia favorable al trabajador más de 16.000 conflictos individuales, en los que se ha fijado una indemnización media de 11.443€, un 9,3% más que en el mismo periodo de 2025. A pesar de que todavía no se haproducido la primera reunión, los empresarios han dejado claro que su postura es rotundamente contraria a acabar con el sistema de indemnización tasada.