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El Ejecutivo trató de remendar el error a través de la introducción de una enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia de la Justicia. Esta norma fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado jueves y ha iniciado su tramitación en el Senado. Sin embargo, el legislador, ha estipulado que este arreglo entre en vigor a los tres meses de la publicación de la ley en el BOE (que como pronto se prevé para diciembre), en vez de a los 20 días como ha fijado para otras disposiciones de la norma.

La Comisión de Hacienda también ha rechazado la enmienda para gravar el IVA de los pisos turísticos y los arrendamientos de corta duración con carácter urgente, en un plazo máximo de un mes. El impuesto a las grandes herencias también ha fracasado. Otra de las medidas fiscales que finalmente quedó por el camino es la nueva vuelta de tuerca que pretendían aplicar sobre el gravamen a las Grandes Fortunas, reduciendo el límite sobre el que el impuesto comienza a gravar de tres a un millón de euros.

Una nueva plataforma denominada "punto neutro de embargos" permitiría a Hacienda, Seguridad Social y cualquier otra administración cobrar las deudas pendientes de los autónomos, según un texto sacado a consulta pública. Como detallaron fuentes de Hacienda, el objetivo de esta plataforma es compartir los datos recabados entre entes administrativos para evitar que aquellos contribuyentes, entre ellos autónomos, que mantengan deudas con las Administraciones Públicas en su conjunto puedan percibir pagos a su favor si estas cantidades deben someterse a determinadas actuaciones ejecutivas, es decir, existen diligencias de embargo pendientes. Según informaron estas fuentes, el ‘punto neutro de embargos’ es un proyecto que la Agencia Tributaria lleva mucho tiempo elaborando.

Enmienda al Proyecto de ley de eficiencia del servicio de la justicia: los trabajadores que tengan un retraso en el pago del salario de 15 días y acumulen tres impagos de la nómina en el año podrán rescindir su contrato y, además, la empresa tendrá que indemnizarles por despido improcedente. El Pleno del Congreso votará el texto el próximo jueves 14 de noviembre y si sale adelante se remitirá al Senado para su aprobación definitiva. Hasta el momento, han sido los jueces quiénes, en sus distintas sentencias, han ido considerando si la deuda de la nómina era suficiente o no para dejar el puesto en función de cada litigio.

El TC se pronuncia sobre ampliar el permiso de nacimiento en las familias monoparentales (únicamente pueden disponer del permiso de 16 semanas sin poder ampliarse), tras estimar un recurso promovido por el TSJ de Cataluña, que consideraba que las previsiones legales cuestionadas suponían un trato discriminatorio hacia el menor perteneciente a una familia monoparental, ya que implican que recibirá un tiempo de cuidado inferior que el nacido en una familia biparental, a pesar de que tiene idénticas necesidades. El análisis se circunscribe al art. 48.4 ET, en relación con el art. 177 LGSS, en la redacción dada por el RD-ley 6/2019. Sin perjuicio de ello, el TC considera necesario precisar que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, en las familias monoparentales el permiso a que hacen referencia los arts. 48.4 ET y 177 LGSS ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso para la madre biológica (16 semanas), el previsto para progenitor distinto (10 semanas, al excluirse las 6 primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto).

Esta norma, que impone la obligación para los negocios de recopilar y transmitir información detallada de los clientes a las autoridades, incrementará el volumen de trabajo y les aleja de los clientes que, a juicio del sector, podrían desconfiar de tantas obligaciones y exigencias informativas. Muchos negocios han denunciado que el sistema mediante el cual deben remitir la información no está plenamente operativo, lo que incrementa los riesgos de errores y sanciones. Todo ello se suma a la "inseguridad jurídica" que, según fuentes del sector, genera esta norma.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad para su remisión a las Cortes, por el que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. La Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad será aplicable a todas las grandes empresas y grupos de empresas, y también, a pymes cotizadas (excepto microempresas). Las pymes cotizadas dispondrán de una serie de facilidades, como son: un contenido de información obligatoria más reducido, unas normas europeas específicas con las que presentar dicha información y un periodo adicional para prepararse de cara a esta nueva exigencia. Su entrada en vigor será escalonada para facilitar la adaptación a la normativa europea.

El TS analizará la legalidad de lo intereses de demora que exige la AEAT a los contribuyentes, que terminan siendo más elevados que la liquidación practicada por un determinado impuesto. La AEAT, con el objetivo de cumplir la sentencia dictada, emite una nueva liquidación, pero el plazo que utiliza para calcular los intereses de demora es el del principio, es decir, desde la primera liquidación anulada. Ha admitido a trámite un recurso y se cuestiona que la actual LGT establezca que cuando se anula parcialmente una liquidación, bien por vía administrativa o bien por vía judicial, y Hacienda debe emitir una nueva liquidación se deben conservar íntegramente los actos no afectados por la anulación, como son los intereses de demora.