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Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional declara que la elección de la ropa de trabajo considerada como equipo de protección es una facultad del empresario y que éste no tiene la obligación de negociar con otros órganos. En este caso concreto, el tribunal matizó que al ser la empresa de hidrocarburos la encargada de implementar medidas de seguridad, tenía la "facultad última" de elegir el uniforme y el calzado que tenían que llevar sus trabajadores sin la conformidad del Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral, con el que no pudo llegar a un acuerdo en el momento de las negociaciones. Además, la Audiencia señaló que aunque es obligatorio que el citado Comité participe en las gestiones o decisiones de adquisición de vestuario, "no tiene la obligación de negociar y alcanzar un acuerdo"

El Tribunal Supremo ha obligado a una empresa a repartir entre sus trabajadores la cesta de Navidad que en 2016 sustituyó por un cóctel, al considerar que cuando una "permanencia continuada en el tiempo" del disfrute de este obsequio, la empresa no puede decidir unilateralmente suprimirla. Según consta la sentencia, con fecha del pasado 12 de julio, desde el año 2007 la empresa demandada ha venido entregando a los trabajadores una cesta de Navidad durante "los primeros días de diciembre de cada año", cuyo importe ha ido incrementándose cada vez más, salvo el año anterior a suprimirla, que su coste disminuyó a cuatro euros para regalar un panettone. Es más los magistrados apuntan que el hecho de la reducción de la cuantía de la cesta se enmarca en la "grave crisis que ha afectado a todos los sectores económicos a nivel nacional" y que la empresa ofreciese este ágape, cuando nunca antes lo había hecho, supone "en cierto modo" asumir "la necesidad de sustituir una cosa por la otra, en lo que implícitamente pudiere suponer un reconocimiento de la existencia de una determinada obligación".

El Gobierno estudia facilitar que los beneficiarios de la prestación de maternidad de los últimos años puedan reclamar ágilmente los impuestos pagados por ella, después del que el Tribunal Supremo aclarara la pasada semana que esta asignación no debe tributar por IRPF. Para ello, la Agencia Tributaria trabaja en el diseño de un formulario específico que permita a quienes cobraran esta prestación entre 2014 y 2017 rectificar su declaración de la renta correspondiente a dichos años a fin de que Hacienda les devuelva los importes abonados. La asignación quedará exenta en la declaración de la renta del próximo ejercicio. La Agencia Tributaria ha solicitado a la Seguridad Social los 900.000 certificados de cobro desde 2014 a 2017 para clarificar los beneficiarios. Desde la Agencia Tributaria afirman que este asunto está siendo estudiado pero que actualmente no hay una decisión tomada sobre el cauce mediante el que se abordará la resolución del Supremo.

El coste medio de esta figura es un 25,4% superior al de la jubilación anticipada ordinaria. El sobrecoste anual para el sistema es de más de 2.100 millones de euros al año, "es decir, casi el 12% del déficit de la Seguridad Social en 2017", según los cálculos del profesor de Economía Aplicada en la URJC, experto en pensiones y colaborador de Fedea. No obstante, el Gobierno está trabajando para relanzar la figura del contrato de relevo. Además, se pretende garantizar las condiciones de este contrato en algunas industrias como la del automóvil. Otros sectores como el sindicato UGT ha apoyado la continuidad de esta figura argumentando que es fundamental fomentar el contrato relevo y la jubilación parcial utilizando para incrementar la sustitución natural y la transmisión de conocimiento entre las generaciones que se jubilan y las que acceden de nuevas al mercado laboral.