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La trabajadora recibió correos electrónicos de forma reiterada fuera del horario de trabajo y estando de baja. Los magistrados del alto tribunal gallego recuerdan que el derecho a la desconexión digital “exige que no se reciban comunicaciones de la empresa fuera del tiempo de trabajo”, por lo que advierten que “no se cumple con ese derecho por el hecho de que la persona trabajadora no tenga el deber de responder a las comunicaciones recibidas fuera del tiempo de trabajo de manera más o menos inmediata”. Además, añaden que, a mayor abundancia, “la causa de la incapacidad temporal era un trastorno de ansiedad y, por lo tanto, una dolencia psíquica, lo cual agrava la injerencia en el derecho a la integridad moral, a la vista de la intranquilidad que supone recibir correos de la empresa durante esa situación de incapacidad temporal”.

El TEAC fija un nuevo criterio sobre la deducibilidad en IRPF de los gastos de los vehículos profesionales, como combustible, mantenimiento, aparcamiento o amortización. El organismo concluye que este tipo de vehículos como las furgonetas que utilizan los albañiles, fontaneros, pintores y otros profesionales están afectos casi de forma automática a la actividad empresarial y que, por tanto, sus gastos son deducibles. En el caso de que Hacienda rechace que se desgraven los gastos al considerar que los contribuyentes utilizan estos vehículos para cuestiones personales será la propia Agencia Tributaria la que tenga que demostrar el uso particular.

El bufete de abogados internacional Amsterdam & Partners ha puesto su foco sobre Hacienda y asegura que las primeras denuncias llegarán ante la justicia europea de forma inminente. Entre los argumentos que indican para llevar al fisco a los tribunales son el sistema de incentivos de los inspectores de Hacienda para practicar regularizaciones y que, si al final el contribuyente acaba teniendo la razón, no devuelven. También, el mal uso de los datos privados que se hace de las personas y el intercambio de información sobre estos datos entre Administraciones y entidades, algo sobre lo que ya ha puesto una queja ante la OCDE, así como con la publicación de la lista negra de morosos.

El Gobierno plantea la modificación de la jubilación flexible para incentivar el retraso voluntario de la jubilación y propone elevar la horquilla de la jornada parcial exigida. En términos generales, la propuesta que ha trasladado el departamento de la ministra Elma Saiz a los agentes sociales en la mesa de negociación de Seguridad Social, plantea por un lado un endurecimiento de la jornada parcial exigida para poder acogerse a la jubilación a cambio, que pasará de ser de entre el 25% y 75% a entre el 40% y 80% de la jornada, a cambio de un mayor pago de pensión de entre el 10% y 20% en función de las horas que se cumplan, adicional a la parte de pensión que corresponde compatibilizar. Además, como novedad, se podrán acceder a esta modalidad de retiro los trabajadores autónomos. Como novedad, la Seguridad Social plantea una incompatibilidad parcial de la jubilación flexible con la nueva jubilación demorada.