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EN GIRONA

Tres estados federales del aquel país (Baviera, Baja Sajonia y Renania-Westfalia) han comenzado o lo harán en breve a requerir información a estos ciudadanos, no solo españoles, sino de cualquier otro país de la UE que residan allí. Estas cartas son muy genéricas, y en ellas se pide a los destinatarios que informen de si tienen cuentas bancarias en sus países de origen, así como los movimientos que han realizado y si han dado lugar a incrementos o disminuciones patrimoniales. El intercambio fiscal entre países permite a las administraciones tributarias tener un mayor conocimiento de los movimientos ‘financieros’ que realizan los contribuyentes. Es el modelo 720 alemán pero con la gran diferencia, de que el régimen de sanciones no es tan desproporcionado.

El abogado general del TJUE abrió ayer la veda a un nuevo aluvión de litigios contra la banca al defender que el uso del índice IRPH para fijar el interés de una hipoteca puede ser anulado por los jueces cuando se comercializara sin la debida transparencia, elevando las exigencias que el TS había fijado en este campo. Aunque su dictamen no es vinculante para el fallo final, que aún tardará meses, su decisión provocó inicialmente un descalabro bursátil en la banca española, que se juega un impacto de hasta 44.000 millones de euros según Goldman Sachs. Las caídas, sin embargo, fueron moderándose al trascender que el letrado avala estos exámenes de opacidad pero considera que, al menos en el caso analizado de Bankia, la banca saldría airosa.

Las ganancias obtenidas en el juego, sea presencialmente en un casino o de forma online, deben incluirse en la declaración de IRPF, donde las pérdidas podrán ser compensadas hasta el límite de los beneficios logrados el mismo año. Ahora, la justicia abre la puerta a que los jugadores puedan además deducirse del pago de sus tributos los gastos derivados de participar en el juego, ya sean el precio de inscripción en un torneo de póker, por ejemplo, o los costes de viaje, estancia y manutención asociados a la partida. Así lo reflejan dos recientes sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y Baleares.

La Generalitat de Cataluña ultima una reforma fiscal que conllevará incrementos en el IRPF o el impuesto de Sucesiones o la creación de nuevos tributos verdes. Así lo ha avanzado este miércoles el vicepresidente del Govern catalán y conseller de Economía, al anticipar parte del proyecto que está presentando a los grupos parlamentarios durante esta semana. El Govern prepara un aumento de ingresos con respecto a los últimos presupuestos de 2017 de 2.200 millones de euros que salen del "aumento de la recaudación, porque la economía ha crecido" y ha estimado que Cataluña pasará de un PIB de 215.000 millones de euros en 2017 a uno que superará de largo los 230.000 millones.