La entrada en vigor del Valor de referencia (VRM) -que permite a la Administración elevar el valor de los inmuebles al calcular la base imponible de los impuestos-, ha provocado una guerra administrativa y judicial con grandes dudas jurídicas y técnicas sobre la aplicación de este sistema de tasación. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y excede el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos. De media, los valores impugnados superan en más de un 20% el precio real del inmueble.