El proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre y remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria, aspira a sustituir una norma vigente en España desde 1882. Desde la perspectiva empresarial, la reforma no sólo cambia quién investiga, sino también cómo se investiga. El proyecto refuerza de forma notable las herramientas de investigación tecnológica. Además, la LOECrim amplía el alcance de medidas cautelares que pueden afectar directamente a la actividad empresarial. Intervenciones judiciales, suspensiones de actividad o clausuras temporales pueden llegar a paralizar operaciones durante la fase de investigación. Anticiparse, reforzar el compliance y adaptar la estrategia defensiva al nuevo protagonismo de la fiscalía ya no es una opción, sino una exigencia del nuevo escenario legal que se avecina.